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El exalcalde y tres exconcejales de Madroñera permitieron hacer casas ilegales
22-09-2016

 

El exalcalde de Madroñera (IU-Siex), José Enrique González, y tres de los exediles acusados por un delito continuado de prevaricación, ante la construcción ilegal de unas 40 viviendas en terreno no urbanizable en el municipio, admitieron ayer los cargos y aceptaron un acuerdo con la Fiscalía según el cual se les impone une multa de entre 10 y 6 euros diarios, dependiendo de los ingresos de los mismos, durante 24 meses y un día en el caso del exalcalde y de 12 meses para los exconcejales.

Así lo dió ayer a conocer la fiscal encargada del caso tras la celebración del juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Cáceres. Por su parte, el otro exalcalde acusado, Melecio Solís (IU-Siex), y una de las exconcejalas inculpadas no aceptaron dicho acuerdo, defendiendo su inocencia, motivo por el cual pasaron a declarar en el juicio oral de ayer. Los hechos juzgados corresponden a los mandatos de Melecio Solís (quien estuvo al frente en el consistorio en las legislaturas de 1999 al 2003 y de 2003 a 2007, aunque se juzgan actos ocurridos con posterioridad al 2003) y al mandato de José Enrique González (de 2007 a 2011). A ambos alcaldes, así como a los cuatro concejales que formaron parte de las juntas de gobierno en aquellos años, se les acusa de un delito continuado de prevaricación por la concesión de licencias para la construcción de unas 40 viviendas en una serie de parcelas cuyo suelo está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección agrícola.

Durante el juicio oral, el exalcalde defendió su inocencia asegurando que de todas las licencias que se aprobaban en las comisiones de gobierno ninguna contaba con el informe desfavorable del técnico. En todo caso, declaró, se solicitaba algún tipo de información adicional, la cual el exalcalde, manifestó, consideraba que debía ser aportada con posterioridad a los servicios administrativos del ayuntamiento, a donde las comisiones de gobierno mandaban las licencias aprobadas. Sobre esto, la Fiscal insistió en la falta de coherencia al considerar que un informe es favorable cuando el técnico apunta que existe una necesidad de aportar más información, como los planos de situación de las construcciones. Además, la Fiscal también preguntó al acusado si «no le llamaba la atención» que todas las solicitudes se hicieran para la construcción de naves o casas de aperos (con uso agrícola) y ninguna como vivienda, a lo que el exacalde negó haber detectado ninguna irregularidad.

La defensa de Melecio se basa igualmente en el desconocimiento por parte del entonces alcalde acerca de la responsabilidad de vigilancia sobre la posterior construcción, las cuales según la Fiscalía fueron finalmente viviendas y no naves. En cuanto al control en la zona, el exalcade aseguró que en todo momento consideró que ésta debía hacerse por parte del Seprona o Guardia Civil y en ningún caso por la Policía Local ya que se encontraba en terreno rural. De igual manera, la defensa apuntó a la confianza que Melecio tenía sobre el secretario, quien, expuso, nunca le comunicó que se estuvieran concediendo mal las licencias.

En el caso de la exconcejala, que según manifestó tenía competencias en educación y bien estar social y desconocía la legalidad en materia urbanística, su defensa se ha basado en este desconocimiento. Así ha declarado que no era consciente de su participando en delito alguno ya que ésta «nunca tuvo ningún informe en su mano» y tan sólo se limitaba a estar presentes en las comisiones de gobierno sin considerar que debiera aportar o preguntar nada en temas que no fueran de su competencia, como los enjuiciados.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para ambos una pena de prisión de 2 años y 6 meses y de 12 años, 6 meses y un día de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.